El 5 de diciembre de 2014 inició su tramitación parlamentaria el «Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la LECrim. para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas». El Ministerio de Justicia le ha dado toda celeridad.

El texto de la reforma está recibiendo críticas tanto por su celeridad como por concretos contenidos de la misma, principalmente en relación con los recortes temporales que se quieren introducir en la instrucción de ciertos procedimientos (para evitar las interminables y voluminosas «macrocausas»), y con el difícil encaje constitucional que puede tener la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial o la recogida de tomas de ADN del detenido sin asistencia letrada.