Se reducen las tarifas en los procedimientos administrativos sancionadores, como las multas de tráfico. Se pone un limite para evitar que el importe de la tasa supere el del propio objeto del litigio. En primera instancia, la cuota resultante nunca rebasará al 50% del importe objeto del litigio.

En separaciones y divorcios sin acuerdo se pagarán 168 euros, entre la parte fija de 150 euros y la variable de 18 euros.

Se reduce el tramo variable para las personas físicas. Pasarán del 0,5% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10% del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.

En desahucios, no se pagarán las tasas a los bancos.

Se quiere fomentar la solución extrajudicial de los conflictos, por eso, ante incumplimientos de laudos arbitrales de consumo, la parte podrá presentar ante los tribunales la demanda en la que insta el cumplimientos del laudo sin necesidad de pagar estos gravámenes.

A los funcionarios se les da el mismo trato a la hora de defender sus derechos laborales cuando pleiteen en el orden social. Se benefician del 60 por ciento de la bonificación en recursos de apelación.

El Ministerio de hacienda emitirá a finales de marzo una orden por la que modificará los formularios de liquidación.