El sistema judicial está colapsado y los despachos de los notarios mermados de actividad (e ingresos). La ecuación parece simple: ciertas funciones de los unos podrían ser asumidas por los otros —en tanto que funcionarios— para beneficio mutuo. El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley en esta dirección, y que previsiblemente será presentado en septiembre, según confirman desde el Ministerio de Justicia. Pero la fe de un notario no es gratis y, aun con unos precios fijados por ley, la posibilidad de que asuman competencias propias de los jueces (matrimonios, divorcios sin hijos o la declaración de herederos, entre otras) despierta las reticencias de quienes opinan que podría generar una justicia a dos velocidades: la gratuita y lenta, y otra más ágil, pero de pago.

“Los notarios estamos dispuestos a contribuir a aliviar los juzgados”, afirma Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado. La medida podría, además, solucionar la crisis del colectivo, cuya actividad ha descendido en picado junto al ladrillo. Mientras que en 2007 gestionaron más de 1,2 millones de operaciones de compraventa de viviendas, en 2011 fueron 535.906, según los datos de la propia institución.

Los notarios son funcionarios autorizado para dar fe pública de los contratos y otros actos extrajudiciales sujetos a la legalidad. Pero sus ingresos no provienen del Estado, sino de los particulares que hacen uso de sus servicios conforme a unos aranceles fijados por ley. No tienen la posibilidad, por tanto, de subir las tasas para paliar el descenso de demanda. Una situación de libre mercado en la que pudieran aumentar (y competir) en tarifas no es, en cualquier caso, una posibilidad que guste al colectivo. “Sería contrario al interés del ciudadano medio, que no tendría la misma capacidad de negociación de los precios que una gran empresa”, defiende López Pardiñas.

La viabilidad del sistema notarial español pasa por atraer más demanda a sus oficinas. Sabido que el mercado inmobiliario, su principal fuente de ingresos, no volverá a ser lo que era, solo queda ampliar competencias. Justicia no da detalles de los términos del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria que dotaría a los fedatarios públicos de funciones que ahora realizan los jueces. Pero el Consejo General del Notariado tiene algunas ideas de cuáles podrían ser: matrimonios y divorcios sin hijos —como ya anunció Gallardón en febrero—, declaración de herederos, adopción de mayores de edad o la convocatoria de juntas en sociedades mercantiles, entre otras. “¿Por qué no puede casar un notario? Puede ser una alternativa”, argumenta López Pardiñas.