El Consejo de Ministros recibirá este viernes el laudo arbitral sobre el conflicto de Iberia con el que se trata de garantizar la viabilidad futura de la compañía. El laudo, que ha sido elaborado por el catedrático de Derecho del Trabajo Jaime Montalvo, confirma la legalidad de la compañía de bajo coste Iberia Express, que comenzó a operar el pasado 25 de marzo y que fue el origen del conflicto, según fuentes cercanas al Ministerio de Fomento. Asimismo, según esas fuentes, el laudo revisa a fondo el convenio del grupo, que reduce los privilegios de los pilotos, y exige un esfuerzo tanto a la gestión como a los pilotos para mejorar la productividad, a su juicio una de las lacras que tiene Iberia.

El laudo, que es de obligado cumplimiento, ha encontrado una solución salomónica. De esta manera, parece que propiciará el ascenso de actuales segundos a comandantes para operar durante un tiempo en Iberia Express y, al mismo tiempo, la contratación de nuevos pilotos. Estas incorporaciones, no obstante, se harían con un salario de alrededor de 40.000 euros anuales, mucho más bajo que las que se manejaban hasta la fecha en la compañía matriz y que originó la protesta del Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) de Iberia, que consideraba que se hacía fuera del convenio. Asimismo, el grupo contará con un escalafón de ascensos que permitirá a los pilotos pasar posteriormente a la compañía principal tanto como comandantes como de segundos.

En cuanto a la productividad, el laudo destaca que es absolutamente necesario cambiar la cultura de la compañía. Según las fuentes consultadas, se va a tratar de que el coste laboral sea más rentable lo que, entre otras cosas, puede redundar en que los pilotos tengan que hacer más horas de vuelo al mes.

También se contempla una rebaja salarial. Además de las incorporaciones más baratas, se fijan recortes salariales escalonados que pueden llegar al 10% para los sueldos más altos. El salario de los pilotos más veteranos ronda los 250.000 euros.

El expresidente del Consejo Económico y Social (CES) fue nombrado por el Ministerio de Fomento para redactar el laudo tras enquistarse el conflicto que planteó por oponerse a la creación de la compañía de bajo coste Iberia Express. El SEPLA convocó paros entre el 18 de diciembre de 2011 y el 30 de julio de 2012. Sin embargo, la última huelga fue el 27 de abril, después de que el Gobierno decidiera el laudo y encargárselo a Montalvo, después de que fracasara un laudo voluntario en el que las partes contrataron al exministro de Trabajo Manuel Pimentel. En ese tiempo se hicieron 18 días de huelga, lo que obligó al grupo que preside Antonio Vázquez a cancelar 2.000 vuelos. Las pérdidas estimadas fueron de 50 millones. Montalvo tenía 10 días para el laudo, pero pidió una prórroga de otros 10 ante la complejidad que entrañaba.